La polémica por Pfizer se reactivó en el arranque de la sesión de Diputados de ayer. El bloque de Juntos por el Cambio insistió en votar el proyecto que elimina la palabra «negligencia» de la Ley de Vacunas -una de las trabas para el acuerdo con ese laboratorio- y otro para garantizar la vacunación de chicos y adolescentes con morbilidades.
El oficialismo los bloqueó: «No vamos a seguir cambiando las leyes todas las semanas si el laboratorio no da el acuerdo», explicó el presidente de la comisión de Salud, el oficialista Pablo Yedlin.
«Hay dos vacunas – Pfizer y Moderna- que se usan en el mundo para este grupo de 12 a 18 años. Estamos comprando millones de dosis y solo necesitaríamos 100 mil para resolver esta problemática» señaló la radical Claudia Najul, al pedir un apartamiento de reglamento par votar el proyecto de su autoría para darle prioridad a los chicos y adolescentes con enfermedades pre existentes.
«Estos chicos hace un año y medio que están totalmente encerrados, encapsulados, separados de sus hermanos,abuelos,no ven la calle ni la escuela. Hay padres que perdieron sus trabajos porque no van a trabajar por miedo a traer el virus a la casa», agregó.
Acto seguido la diputada del PRO, Carmen Polledo, pidió que se vote la ley para quitar la palabra «negligencia» de la ley de vacunas.
«Desconocíamos que esa palabra era un obstáculo para firmar el contrato cuando lo aprobamos. Si demás hubo razones ideológicas o geopolíticas no me preocupa. Pero esta es la única vacuna autorizada en el país para 12 a 18 años. Ellos son los grandes ausentes de este plan de vacunación», se quejó Polledo.
Mientras tanto, el Decreto que prepara Alberto Fernández por Pfizer…
El Presidente de la Nación tiene un Decreto de Necesidad y Urgencia listo para firmar en las próximas horas que habilitaría la llegada al país de las vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen, según confirmaron a Clarín importantes fuentes del Gobierno.
El Decreto, según le aseguraron a este diario dos miembros del equipo más cercano al Presidente, está destinado a modificar los párrafos de la Ley de Vacunas objetados por el laboratorio estadounidense Pfizer y que impidieron la firma del contrato con esa compañía para la compra de vacunas contra el Coronavirus.
La decisión comenzó a circular en los despachos oficiales luego de que el oficialismo se negó a tratar en la Cámara de Diputados un proyecto de la oposición para modificar esa misma ley para destrabar la firma del contrato con Pfizer, que fabrica la única vacuna aprobada en varios países para ser aplicada a menores de edad.
«Alberto se cansó de las idas y vueltas con los laboratorios americanos. Esa negociación no se interrumpió pero estaba empantanada, y el Presidente tomó la decisión de avanzar por decreto», le dijo a este diario uno de esos funcionarios.
Este martes, la asesora presidencial encargada de negociar la compra de las vacunas con los laboratorios extranjeros, Cecilia Nicolini, se reunió durante varias horas en la Casa Rosada con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.
El primer objetivo del Gobierno es destrabar la llegada al país de las vacunas que donó el gobierno de Estados Unidos. El mes pasado, la administración de Joe Biden anunció que donaría a varios países del mundo, entre ellos la Argentina, millones de vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen, pero advirtió que cada país debía encargarse de adecuar sus marcos legales para que sea posible la donación.
Esta semana, el Secretario de Estado de Biden, Antony Blinken, comenzó a promocionar en su cuenta de twitter la llegada de las donaciones a países de América latina. Además de México y Canadá, cuya vecindad con Estados Unidos los puso primero en la lista, también Brasil, Paraguay, Colombia, Uruguay y Ecuador recibieron envíos de las vacunas de Pfizer y Janssen.
Hasta hoy, en la Argentina, los marcos legales no están listos para recibir esas dosis por motivos diversos. La vacuna de Pfizer está aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), pero la empresa se negó a firmar el contrato con la Argentina porque sostienen que la Ley de Vacunas que aprobó el año pasado el Congreso le podría generar al laboratorio demandas judiciales surgidas de la aplicación de una vacuna que fue desarrollada y testeada con las urgencias que impuso la pandemia.
Puntualmente, Pfizer objetó el artículo 4 de la Ley 27.573, que le permite al Gobierno incorporar en los contratos “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.
Según dijo el mes pasado en la Cámara de Diputados el gerente de Pfizer en Argentina, Nicolás Vaquer, la palabra «negligencia», que no estaba en el proyecto que mandó el ejecutivo y que fue agregado por pedido de la diputada kirchnerista Cecilia Moreau, terminó trabando el contrato que iba a proveer al país casi 13 millones de vacunas.
Vaquer explicó en ese momento que el desarrollo de una vacuna normal lleva entre 7 y 10 años y que Pfizer «asumió el riesgo de acelerar procesos». «Esta velocidad requerida por todo el mundo trajo aparejado el riesgo inusual sin precedente de demanda. Por eso, Pfizer pide cláusulas de inmunidad y otras protecciones. Son consistentes en 116 países que ya firmamos acuerdo», aseguró Vaquer.
En el caso de Moderna y Janssen, que mantuvieron diálogos muy preliminares con el Gobierno, aún no recibieron la autorización de la ANMAT. La primera no inició el trámite y la segunda sí comenzó el proceso necesario para que cualquier medicamento pueda ser administrado en el país.
