Hace pocos días, El Salvador entraba a los libros de historia por reconocer a Bitcoin como moneda de curso legal. A su vez, dicha noticia estimuló a un puñado de otros países de América Central y del Sur a comenzar a dar pasos hacia ese mismo sentido.
Como es lógico, la medida causó sensación en la comunidad de la criptomoneda y los defensores de Bitcoin, en particular, destacaron la importancia del cambio legislativo para impulsar la adopción de la criptomoneda. Otros, en cambio, destacaron los posibles matices coercitivos de la ley, lo que ha añadido intriga a la situación. Las cosas se movieron rápidamente en dicho país tras el anuncio de su presidente, Nayib Bukele, que tuvo lugar durante la conferencia Bitcoin 2021 en Miami, declarando que el país votaría la nueva legislación. La ley permitirá a los ciudadanos pagar bienes y servicios en Bitcoin y se garantizará la convertibilidad de la criptomoneda en dólares en el momento de realizar cualquier transacción. Esto es posible gracias a un fideicomiso de U$D 150 millones establecido por el banco de desarrollo Bandesal de El Salvador. En esencia, el gobierno comprará Bitcoin a los locales si desean recibir dólares en lugar de Bitcoin. Si bien muchos prominentes defensores de las criptomonedas y de Bitcoin han anunciado la medida como un paso importante hacia una mayor adopción y aceptación de la principal criptomoneda como reserva de valor y medio de pago, las empresas de remesas que operan en El Salvador parecen reacias a respaldar a Bitcoin. Si bien muchos creen que es poco probable que las empresas de remesas lancen soporte para Bitcoin y otros activos criptográficos hasta que la demanda de los clientes lo solicite, lo que probablemente creará un estancamiento para la industria de pagos locales. Para Western Union y algunos de los otros proveedores de remesas, la mayor parte del volumen en la industria de las remesas va de los mercados emergentes principalmente a personas (familias y amigos) que operan en efectivo. Se estima que menos del 1% de las remesas transfronterizas mundiales se realizan utilizando criptoactivos.
La firma de pagos globales MoneyGram internacional también enfatizó el desafío de navegar por una infraestructura no desarrollada que permita rampas entre los criptoactivos y las monedas fiduciarias locales en las economías emergentes.
El mes pasado, MoneyGram reveló una asociación con Coinme para permitir a los usuarios comprar y vender activos criptográficos utilizando dólares estadounidenses en 12.000 puntos de venta minorista en los Estados Unidos. Los costos de cumplimiento anuales para Western Union casi se habían duplicado de alrededor de $100 a $200 millones durante aproximadamente la última década.
Muchas personas en países como El Salvador dependen en gran medida del dinero que envían las comunidades de la diáspora, que representan alrededor del 20% del producto interno bruto (PBI) del país. Más de dos millones de salvadoreños viven fuera del país, pero continúan manteniendo estrechos vínculos con su lugar de nacimiento, lo que lleva a enviar US$ 4.000 millones cada año.
Es claro que el país esta sentando las bases para la adopción y el uso masivo de Bitcoin como medio de pago, creando la infraestructura esencial para facilitar las grandes operaciones de minería de Bitcoin alimentadas por energía geométrica limpia. Pero para las empresas de remesas, implicaría hacer un esfuerzo económico con el fin de adaptar sus sistemas para dar soporte al Bitcoin y así ofrecer la posibilidad de utilizar la criptomoneda a un número muy bajo de clientes. Dos aspectos controvertidos que obligan a encontrar un equilibrio en la adopción de la moneda digital
